En 2003, cuando se presentó por primera vez la demanda Preschooler II que sentó un precedente en contra del Distrito Escolar del Condado de Clark, una llamativa sección de la queja afirmó que el CCSD, en desafío a la ley estatal, “implementó y administró de forma rutinaria, prácticas y procedimientos” que efectivamente permitieron el abuso a niños con necesidades especiales.

Ahora, 15 años después, otra demanda sobre educación especial contra el distrito hace acusaciones similares y nuevamente los abogados de los padres han hecho solicitudes de descubrimiento de información de casos pasados que la CCSD ha tratado con uñas y dientes de evitar que se reabran.

La acusación hace 15 años.

En el 2003 la reclamación alegaba que el distrito había "abdicado" a varios deberes legales específicos:

•     capacitar y monitorear al personal escolar con respecto a las restricciones físicas y las intervenciones aversivas,

•     garantizar que las denuncias de violaciones fueran reportadas,

•     establecer planes correctivos,

•     presentar esos planes correctivos al estado e

•     implementar la Ley federal de Educación para Personas con Discapacidades, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación “libre de opresión, abuso físico y emocional.”

Una acusación aún más fuerte fue que el distrito efectivamente “alentó” y “ratificó” las ilegales “intervenciones aversivas contra los preescolares autistas discapacitados por parte de sus empleados”, ya fuese por indiferencia o por intervenciones explícitas.

Aunque los demandantes de Preschooler II eventualmente forzaron al distrito escolar a un acuerdo financiero, ese acuerdo fue confidencial. Los detalles sobre cómo operaba la presunta "rutina de prácticas y procedimientos" de los administradores para facilitar el abuso a niños autistas no se hicieron públicos.

Sin embargo, durante los años siguientes, a medida que continuaban las demandas contra el CCSD, se produjeron regularmente informes de abuso físico grave de niños autistas no verbales por parte de empleados del distrito no capacitados y /o mal evaluados.

Entonces ¿cuáles son las prácticas reales del CCSD?

En la demanda del Distrito Escolar del Condado de Clark de Hurd et al v. Clark, los abogados de los padres se centraron directamente en la pregunta clave formulada en 2003: ¿Qué políticas y prácticas sigue realmente el CCSD tras bastidores, cuando el público no está mirando?

Como señalaba el escrito de los padres en respuesta:

... una política escrita que prohíbe una acción ilegal que es ignorada, es equivalente a no tener política alguna. En este caso, son las prácticas y procedimientos ilegales subyacentes las que representan de manera objetiva la "política" real del distrito con respecto a la denuncia e investigación de abuso. (Énfasis añadido.)

En consecuencia, para revisar un número significativo de posibles incidentes de abuso infantil en el distrito, el equipo de abogados presentó ante el tribunal una moción de descubrimiento en busca de:

La cantidad de denuncias de abuso infantil de alumnos con necesidades especiales que se presentaron al DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK en los tres años anteriores al 5 de mayo de 2015, qué investigación se llevó a cabo como resultado de cada denuncia, qué sanciones disciplinarias se produjeron como resultado de cada denuncia, la(s) persona(s) involucrada(s) en la investigación y la sanción disciplinaria que se aplicó.

Bajo las reglas federales de responsabilidad civil, una pregunta clave es si el abuso a los niños en el aula de James Doran del CCSD, es parte de un problema en todo el distrito ante el cual los administradores del distrito han permanecido "deliberadamente indiferentes".

Esa frase de dos palabras proviene de la decisión Monell de 1978 de la Corte Suprema de los EE. UU., y significaría, en palabras de la Juez Principal del Distrito de Nevada, Gloria M. Navarro, que el CCSD “sabía que el daño a un derecho federalmente protegido por el gobierno (bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación) era ‘sustancialmente probable’ pero no actuó.”

De manera que, para investigar las políticas reales que se vienen practicando dentro del CCSD, muy diferentes a las políticas profesadas por el distrito, los abogados de los padres aprovecharon el apalancamiento existente en las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

Bajo el párrafo 30(b)(6) de esas reglas, no solo las personas sino también las organizaciones, como personas jurídicas, pueden ser depuestas.

En tales casos, la organización debe designar a uno o más oficiales u otros “para que testifiquen en su nombre”, es decir, como un portavoz oficial cuyo testimonio es legalmente vinculante para la organización.

Intentando bloquear la deposición.

Cuando los abogados de los padres se apegaron al uso de la regla 30(b)(6) para obligar a una respuesta oficial del CCSD con respecto a las verdaderas prácticas del distrito en torno a las denuncias de abuso infantil, los abogados del CCSD presentaron ante el tribunal federal una “moción de emergencia para una orden de protección de deposición 30(b)(6)” para el CCSD.

En la moción, los asesores externos del CCSD, Mark Ferrario y Kara Hendricks pidieron a la corte limitar el descubrimiento de los demandantes en múltiples áreas, protestando especialmente la solicitud de un testigo en base a la 30(b)(6) para testificar sobre las políticas:

En este punto, los Demandantes incluyeron numerosas categorías que esencialmente requerirían un testigo bajo la 30(b)(6) para memorizar y recitar el contenido de los documentos escritos ya producidos para los Demandantes. No es necesario un testigo para declarar sobre las políticas y regulaciones del CCSD, cuando dichas políticas y regulaciones están escritas y promulgadas. (Énfasis añadido.)

De este modo, la defensa solicitó a la corte que le hiciera saber a los demandantes que se contentaran con las descripciones bien elaboradas de sus políticas por parte del distrito, y que no exigieran un testimonio jurado sobre el tema de las rutinas y políticas tal como se practican.

En una audiencia del 30 de enero de 2018 sobre la moción de emergencia ante la Juez Magistrada Peggy A. Leen, el abogado Ferrario del distrito continuó esforzándose por descarrilar las venideras declaraciones.

Acusaciones del CCSD

"Cuando fue presentada la notificación (de deposición)” Ferrario le dijo a la juez, “y le puedo decir que he estado haciendo esto por mucho tiempo… No creo que haya tenido nunca una notificación de designación de la persona más conocedora (PMK por sus siglas en inglés) con tantas categorías y sub-partes.”

“Así que nos resultó obvio que esto fue un intento de evitar la (habitual) regla 10 de deposición.”

EL TRIBUNAL: Usted sabe que “PMK” es un término inapropiado.

SR. FERRARIO: Lo es.

EL TRIBUNAL: En ninguna parte de las reglas…

SR. FERRARIO: Tiene razón.

EL TRIBUNAL: …se refiere a una persona más conocedora. Se refiere al designado de una organización, quien es una persona designada por el demandado y que vincula a la organización…

SR. FERRARIO: Exactamente.

EL TRIBUNAL: …con los temas que se plantean con una particularidad razonable. Y no hay ningún requisito para que alguien con conocimiento personal sobre cualquiera de los temas aparezca en una deposición.

“Así que la gente hace uso del término... y yo solía usarlo, y todavía caigo en ese mal hábito. Pero en realidad no es una "persona más conocedora”.

Entonces Leen se dirigió al meollo del asunto:

Y como los demandantes señalan correctamente, uno de los propósitos de la Regla 30(b)(6) es evitar el vendaje que lo cubre como usted y yo hemos visto en muchos litigios complejos donde todos dicen que alguien sabe más sobre algo. Y se deben tomar 40 declaraciones para averiguar cuál es la posición de la organización.

SR. FERRARIO: Estoy de acuerdo. Y no puedo refutar nada de lo que acaba de decir. Lo veo…

EL TRIBUNAL: Está bien. Entonces, dígame qué es lo que más le preocupa de eso que usted piensa que no es un argumento apropiado para su tema bajo la 30(b)(6). Porque me parece que, aunque hay más de 50 temas, 10 fueron retirados y uno agregado, que básicamente le dieron a usted un examen para responder en casa ...

Por lo general, agregó la juez magistrado, que las reclamaciones bajo la 30 (b)(6) que ella recibe son diferentes… eso “lo sabe”, “los temas son demasiado amplios y no expresan con una particularidad razonable qué es lo que usted nos está solicitando para instruir a un designado bajo la Regla 30(b)(6).”

"Y en este caso ellos lo instruyeron a usted con bastante especificidad", le dijo a Ferrario.

Comprometiendo el CCSD

Según lo que le dijeron a ella los demandantes, dijo Leen, su principal preocupación era obtener las respuestas oficiales del distrito escolar y vincularlas al distrito:

(Si) su respuesta a algunas de estas preguntas es: “Estamos designando la respuesta del distrito escolar y estamos comprometidos por la respuesta que proporcionó el director”, entonces ellos están satisfechos con eso.

Simplemente no quieren que usted, y eso lo aprecio plenamente… no quieren que usted se presente en una petición o en el juicio diciendo que esta persona o estas otras declararon A, B, C y D, pero que no sabían de lo que estaban hablando, o estaban equivocados o no estaban autorizados para hablar en nombre del distrito escolar.

Así que, por último, el distrito finalmente designó a uno de sus oficiales para presentarse a una deposición en nombre del distrito y responder a las preguntas de los demandantes sobre temas relacionados con las políticas.

Pero la pelea no había terminado. En mayo de este año fueron los abogados de los demandantes quienes regresaron ante la juez Leen, molestos porque el representante designado del CCSD alegaba repetidamente ignorancia.

Por lo tanto, los abogados de los padres presentaron una moción para obligar al CCSD a proporcionar un testigo mejor informado que pudiese responder, o respondiese, a sus preguntas sobre las políticas y prácticas del distrito cuando se alega el abuso de estudiantes con necesidades especiales.

El CCSD había intentado evitar de muchas y diferentes formas, ser depuesto sobre el sensible tema, decía la moción:

  • Primero, cuando los demandantes inicialmente notificaron, en noviembre de 2017, que el CCSD sería depuesto bajo la regla 30(b)(6), el distrito solicitó la orden de protección, argumentando que la categoría era demasiado amplia y que el cumplimiento sería una carga para el distrito.
  • Sin embargo, el tribunal había negado la moción del distrito. Señaló que "al demandante se le puede y se le debe permitir preguntar sobre el conocimiento del CCSD sobre otros incidentes que involucren a niños autistas o niños con necesidades especiales en las escuelas donde fueron ubicados por el distrito".
  • El CCSD luego demoró la designación y presentación de un testigo que respondiese a la categoría hasta el último día posible, según el cronograma de la corte, para completar las declaraciones de descubrimiento de testigos.
  • Este testigo, Darrin Puana, de la división de Relaciones de la Administración de Personal del CCSD, “lamentablemente estaba mal preparado”, se quejaron los abogados de los padres, y “solo estaba preparado para declarar sobre un pequeño subconjunto de abusos que había sido documentado” en la base de datos de la EMR del distrito.
  •  Puana tampoco se había preparado para declarar sobre casos que, según la ley estatal, son reportados a la junta de directivos del CCSD y a la Oficina de Cumplimiento y Supervisión (OCM por sus siglas en inglés) del distrito. Eso significaba que el CCSD desobedecía las instrucciones de descubrimiento que estaba legalmente obligado a implementar y que efectivamente ocultaba los años de investigación que las escuelas habían reportado a la OCM.
  • Incluso con respecto a la base de datos de su propia división EMR, Puana solo pudo declarar que las entradas de la base de datos existían. “No pudo declarar sobre los hechos subyacentes a las entradas en la base de datos que revisó o incluso si las entradas necesariamente involucraban el abuso a estudiantes de educación especial”, decía la moción.
  • Puana tampoco estaba preparado, escribieron los demandantes “para declarar sobre cualquiera de los subtemas que estaban expuestos en la notificación”, las “particularizaciones” de la investigación que la juez Leen había calificado en enero como el “examen para responder en casa.”
  • El testigo “no proporcionó documentos que respondiesen a la solicitud de deposición en o antes de la deposición, lo que impidió a los demandantes la oportunidad de interrogar al testigo con respecto a los casos de abuso que había revisado”, escribieron los abogados de los demandantes.
  • Finalmente, dijeron, que la abogada del distrito Kara Hendricks, había “impedido la deposición al aconsejar repetidamente al testigo, interponer objeciones frívolas y afirmar la amenaza de que la deposición bajo la 30(b)(6) había excedido el límite de tiempo de siete horas, incluso antes de que empezara”.

Por consiguiente, en mayo, los abogados de los demandantes regresaron ante la juez Leen, pidiendo una revisión:

Los demandantes tienen derecho (argumentaron) a tomar la deposición de un empleado del distrito suficientemente preparado en esta categoría y se garantiza una orden que obliga a la deposición. Se debe ordenar a Puana, o a quien el distrito designe, que se presente en la deposición lo suficientemente preparado para testificar sobre información que esté fácilmente disponible para el distrito, y debe presentar documentos que respondan a la solicitud ...

¿Graves consecuencias legales?

Leen, sin embargo, parecía estar concentrada en otra parte: en asegurarse de que el CCSD se diera cuenta de las posibles consecuencias legales de frustrar una deposición aprobada por el tribunal de un testigo bajo la 30(b)(6).

No obstante, Leen reconoció la seriedad de dos denuncias presentadas por los demandantes sobre Puana, quien efectivamente, mintió bajo juramento:

  • Primero, que Puana trajo consigo la deposición y testificó a partir de un documento resumen que los abogados del CCSD habían creado para él y que falsamente había calificado como el reflejo de su propia revisión de los documentos.

 

  • En segundo lugar, el testimonio que Puana dio, afirmando que había sido producto de su revisión de los documentos, fue contradicho por los documentos en los que dijo se basaban.

Según los demandantes, las discrepancias solo se hicieron evidentes después del testimonio de Puana, cuando el CCSD finalmente proporcionó los documentos reales en cuestión.

La propia juez Leen notó una discrepancia importante: un documento que reportaba el relato de un empleado sobre un ayudante que había atacado y sofocado a un estudiante con necesidades especiales, pero que nunca llegó a la hoja de resumen.

“Si un incidente de esa magnitud no se informó en su hoja de resumen”, preguntó Leen a la abogada del CCSD Kara Hendricks, “¿por qué debería yo confiar en la precisión de esa hoja de resumen?”

Hendricks luego habló extensamente sobre el presunto trabajo de la defensa para producir un resumen que abarcara el contenido de los documentos, pero ella misma no hizo ninguna referencia cruzada y agregó: “Es posible que hayamos perdido alguno.”

Finalmente, Hendricks reconoció: “Hay casos en los que el distrito no sabe qué tipo de sanción se aplicó.”

Este reconocimiento fue significativo. Como la misma Hendricks más tarde comentó: “La EMR es la organización o entidad dentro del distrito que maneja las sanciones disciplinarias para los empleados de la escuela.”

Por lo tanto, si la EMR, donde Puana es designado como “director”, carece de registros que documenten las sanciones disciplinarias a los adultos que han abusado de niños autistas, esto sugiere fuertemente que el Distrito Escolar del Condado de Clark es, de hecho, indiferente a tal abuso.

La juez Leen notó la relevancia de tal respuesta proveniente de la abogada de un testigo bajo la 30(b)(6):

EL TRIBUNAL: Pero si esa es la respuesta del testigo, que el distrito no sabe, y entendiendo que está vinculado por ello, ¿comprende que también está vinculado por una falta de respuesta?

SRA. HENDRICKS: Entiendo eso, Su Señoría.

De acuerdo con la Práctica Federal de Moore, considerada en LexisNexis.com “el trabajo de referencia estándar en el procedimiento del tribunal federal”, las obligaciones del CCSD al responder la notificación de deposición 30(b)(6) eran:

  • Proporcionar un representante “con conocimientos sobre el tema identificado como el área de investigación ...”
  • Designar más de un deponente si es necesario para responder sobre las áreas relevantes de investigación ...;
  • Preparar al (deponente) para testificar sobre temas no solo conocidos por el deponente, sino también aquellos que deben ser conocidos por la (corporación); y
  • Sustituir un deponente por un deponente apropiado cuando se haga evidente que el deponente anterior no puede responder sobre ciertas áreas relevantes de investigación.

Cuando las corporaciones o agencias gubernamentales no proveen un testigo conocedor de un tema bajo la 30(b)(6), los tribunales pueden impedir que esa parte ofrezca testimonio sobre ese tema durante un juicio. Los tribunales también pueden sancionar a la parte.

Debido a que el testimonio de Puana constituye ahora el relato oficial del CCSD sobre cómo responde, o no, ante los informes de abuso a niños autistas o con necesidades especiales, una pregunta natural es: ¿Cuáles fueron exactamente los detalles de sus respuestas?

Lo que realmente dijo el testigo designado por el CCSD

Un informe de los demandantes presentado este agosto parece responder esa pregunta, al explicar en detalle los puntos significativos del testimonio jurado de Puana:

  • Si bien es "esperado" que los administradores se comuniquen con la división de Relaciones de la Administración de Personal del CCSD cuando se hace una denuncia de uso de fuerza física inapropiada a un estudiante con necesidades especiales, ninguna política del CCSD requiere realmente reportar tal información a la EMR, supuestamente responsable del distrito de las sanciones disciplinarias para los empleados.
  • La EMR no realiza un seguimiento ni vigila si los administradores realmente llenan el formulario, que, por mandato del estado, el CCSD debe llenar para el reporte de incidentes de "Uso de Restricción Física, Restricción Mecánica o Intervención Aversiva”, un formulario conocido en el distrito como CCF-624.
  • Por lo tanto, Puana dijo, que los directores y otros administradores en las escuelas no están obligados a informar a la EMR cuando se reportan incidentes de abuso o incluso cuando la policía del campus detiene a un maestro.
  • En cambio, la EMR “generalmente recomienda” a los administradores que se comuniquen con el departamento de policía de la escuela cuando se reciben denuncias de abuso infantil. El distrito, en sí, no guarda ningún registro sobre los casos de sospecha de abuso infantil que reporta a las autoridades.
  • La EMR tampoco ingresa en su base de datos todas las acusaciones de abuso que recibe, dijo Puana.
  • Los formularios CCF-624 no van automáticamente a la EMR, sino a la Oficina de Cumplimiento y Supervisión (OCM) del distrito. Así que, si la OCM no reenvía esos informes, la EMR seguirá ignorando su contenido.
  • Según Puana, ninguna política del distrito exige que los formularios CCF-624 que aleguen conducta física indebida, deban ser reportados a la división de Relaciones de la Administración de Personal.
  • También reconoció que, dada la ausencia de la exigencia de reportar a la EMR, los casos de abuso pueden ser conocidos por los administradores en las escuelas o en la oficina central del CCSD, pero nunca son reportados a la EMR.

Por tanto, el testimonio de Puana parece sugerir firmemente que el CCSD, incluso después de décadas de demandas, aún administra a sabiendas “una costumbre de prácticas y procedimientos” que a menudo funciona para esencialmente ignorar los incidentes de aparente abuso infantil.

Bajo los precedentes de Monell y Canton v. Harris, la “deliberada indiferencia” del CCSD ante el abuso podría significar una responsabilidad de millones de dólares para el distrito. 

La juez Leen señaló el tema en enero de 2018, cuando Ferrario, la abogada del CCSD, buscó minimizar la importancia de la información solicitada por los demandantes con respecto a las medidas disciplinarias que toma el CCSD cuando el maltrato físico a los niños ha sido comprobado:

FERRARIO: Las sanciones disciplinarias a otros es una categoría muy amplia. Una vez más, no veo cómo eso es relevante aquí y, de igual manera, creo que es exagerado.

EL TRIBUNAL: Bueno, ¿es usted deliberadamente indiferente? Porque sabe que la gente está haciendo esto a diestra y siniestra y usted no está haciendo nada al respecto.

A continuación, el Nevada Journal analiza otra pregunta: ¿Podrán las cámaras de video exigidas por el estado en las aulas de autismo de Nevada, brindar una protección significativa a los estudiantes no verbales, y a los contribuyentes?

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