Hace más de una década, los abogados que representaron al niño pequeño maltratado en el caso Preschooler II sugirieron al Distrito Escolar del Condado de Clark una manera de prevenir problemas similares en el futuro.

Ellos dijeron que si se instalaban cámaras en las aulas donde se enseñaba a niños autistas no verbales, sería mucho menos probable que ocurriesen agresiones físicas contra éstos por parte de empleados del distrito.

Además, cuando se denunciase una conducta indebida, los administradores podrían llegar a la verdad del asunto mucho más rápido.

Las cámaras, continuaba el argumento, no solo protegerían a los jóvenes, sino que también protegerían a los empleados del distrito de acusaciones infundadas.

La propuesta se había hecho como una de las justas reparaciones que los abogados de Bobby, el niño de cuatro años, habían sugerido durante las conversaciones de resolución. A pesar de que padecía esclerosis tuberosa, el preescolar de cuatro años de edad había sido agredido físicamente, primero por un ayudante y luego varias veces por el maestro.

Pero el CCSD, por alguna razón, se mostró extremadamente hostil ante la idea.

“Iremos a la Corte Suprema por este tema. Preferimos pagar mucho dinero, pero la colocación de cámaras nunca sucederá”, dijeron los representantes del distrito.

Así es como Marianne Lanuti, una de las abogadas del niño para ese momento, recuerda hoy la respuesta del CCSD.

Ella lo contó el 17 de septiembre cuando habló en una conferencia sobre defensa en Las Vegas, patrocinada por Azulblue United by Autism (Unidos por el Autismo) a la que asistieron unos 120 padres y defensores preocupados.

Los padres se organizan

Azulblue fue fundada por Olivia Espinoza, madre de un niño sometido a abuso, tanto físico como verbal, por el maestro James Doran durante el año escolar 2014-15.

Aunque no tenía entrenamiento ni licencia como maestro de educación especial, el CCSD había colocado a Doran al frente de un aula de autismo en la Escuela Primaria Forbuss. Las entregas anteriores de esta serie han informado sobre el abuso y las demandas posteriores contra el CCSD y Doran.

Lanuti está procurando de nuevo la aprobación de la legislación en la próxima Legislatura de Nevada del 2019, para colocar cámaras en las aulas donde más de la mitad de los estudiantes tengan retraso en el habla y el lenguaje, lo que les impide comunicarse de manera efectiva.

Solo los salones que reciben educación especial durante al menos el 50 por ciento del día de instrucción, estarían involucrados.

En 2015 el estado de Texas aprobó una ley de este tipo y luego la modificó en 2017.

Durante la sesión de 2017 en Nevada, la Senadora Becky Harris, una republicana que representa al Condado de Clark, presentó una legislación similar, el Proyecto de Ley Senatorial 224. Con los demócratas controlando ambas cámaras de la legislatura, el proyecto de ley no fue aprobado por ninguna de las cámaras, aunque nadie habló en el expediente en oposición a la legislación.

De hecho, el sindicato de docentes de la Asociación de Educación del Condado de Clark se declaró oficialmente en apoyo a la legislación.

Pero mientras el CCSD también lo hizo, tres organizaciones estatales sobre las cuales el distrito tiene un apalancamiento significativo (la Asociación de Administradores Escolares de Nevada, la Asociación de Superintendentes Escolares de Nevada y la Asociación de Juntas Escolares de Nevada) hablaron negativamente sobre la idea, expresando su oposición en términos fiscales, al mismo tiempo que se presentaban como “neutrales”.

Ese fue también el proceder asumido por el Distrito Escolar del Condado de Washoe, que tiene su propia y amplia historia de demandas de padres de niños con necesidades especiales.

En consecuencia, algunos padres ahora dudan que el respaldo del CCSD a la idea en 2017 haya sido genuino y en cambio lo ven como meras relaciones públicas.

Esa es también la sospecha de algunos otros observadores de larga data, cercanos a la escena de educación especial del CCSD.

“Nunca, ni en mil años” el distrito aceptaría esa idea, dijo un defensor que trabajó estrechamente y de forma amigable, con la división de educación especial del CCSD.

Así que Lanuti, quien ha estado presionando desde 2004 para colocar cámaras en las aulas de niños no verbales, estuvo en el evento Azulblue para recolectar firmas de petición e incorporar padres activistas, gente que logre arrinconar a los legisladores y obtener firmes compromisos de ellos, para que en la sesión de 2019 finalmente se dé voz a los que no la tienen y se consiga la colocación de cámaras en las aulas de los niños no verbales.

Si Lanuti tiene éxito en su campaña, la educación especial en las escuelas públicas podría, de hecho, estar participando en una revolución, una que acabe completamente con el predeterminado plan de negocios sostenido en el tiempo por el CCSD y la mayoría de los distritos escolares más grandes de los EE. UU.

Como lo señaló el monitor federal independiente designado en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, David Vetter, el predeterminado plan de negocios consiste en que los distritos ignoren de manera rutinaria las infracciones de la ley federal de educación hasta que el distrito sea demandado por los padres y luego litigar durante el mayor tiempo posible.

Sin embargo, la revolución resultante de la colocación de cámaras en aulas sería que, prácticamente todas las agresiones de maestros y ayudantes contra estudiantes no verbales en aulas cerradas, en adelante podrían ser revisadas por la policía y los fiscales.

Actualmente se desconoce hasta qué punto la mala conducta de los maestros y ayudantes se ha convertido en una rutina contra los niños no verbales en las aulas "autocontenidas" del CCSD.

No obstante, suficientes demandas han iluminado la situación, lo que ha permitido establecer que el problema es significativo.

De hecho, como se ha documentado en esta serie, los adultos encargados de la educación especial del CCSD, con demasiada frecuencia, han moldeado y efectivamente enseñado malos comportamientos (golpear, tirar del pelo, agarrar, empujar, usar lenguaje grosero, etc.) justamente mientras están al frente de sus cargos.

Claramente, los maestros y ayudantes de este tipo tienen motivos para temer a las cámaras en el aula, al igual que los miembros de la oficina central del distrito, dado que las cintas de video podrían constituir evidencia legal ante los tribunales de justicia.

Hasta ahora, a lo largo de la historia de las escuelas públicas de educación especial en Nevada, tales pruebas forenses sólidas rara vez han estado disponibles para los padres.

El engaño de las “mejores prácticas”

También existe la posibilidad de que las cámaras, con el tiempo, conduzcan a una comprensión pública mucho más amplia de la insuficiencia básica de gran parte de la supuesta “enseñanza” que se lleva a cabo en las aulas de autismo.

Tal y como la Oficial de Revisión del Estado, Joyce Eckrem, descubrió en el caso Preschooler II, luego de una extensa revisión del expediente y de un interrogatorio detallado de los testigos del CCSD, las afirmaciones del distrito en cuanto a que estaban impartiendo educación especial de acuerdo con las “mejores prácticas”, eran falsas:

... el testimonio y una preponderancia de la evidencia en su conjunto establecen que, a diferencia de las supuestas “mejores prácticas” del Programa KIDS del CCSD, este salón de clases no implementó las "mejores prácticas" relacionadas con manejo de las conductas de los estudiantes que les impedían el aprendizaje ... Hay poca o ninguna evidencia en el expediente de que los miembros del personal hayan intervenido sistemáticamente al abordar los comportamientos de los estudiantes de lanzar, girar, golpear, pellizcar y morder ...

Simplemente no hubo pruebas de que el Profesor, como líder del equipo, declarara al equipo: “OK, hoy vamos a enfocarnos en el comportamiento de dar golpes del Estudiante. Tenemos las actividades x, z, e y en las que observaremos específicamente el acto de golpear. Si esto ocurre, quienquiera que trabaje con el Estudiante deberá hacer a, b o c.”

… La consultora de LIFE testificó sobre sus observaciones del aula. Ella observó que ese Estudiante frecuentemente deambulaba y tenía que ser redirigido, pero tan pronto como el personal estaba ocupado en otra cosa, él deambularía de nuevo. Ella también testificó que él necesitaba una redirección constante durante los períodos de transición. Declaró que observó un incidente en el que al Estudiante se le ordenó jugar con autos, pero en lugar de jugar apropiadamente con el auto, se le permitió sentarse y "girar las ruedas", lo que ella observó era un comportamiento "auto-estimulador" inadaptado.

La madre declaró que estaba confundida sobre por qué, cuando se identificó el “giro” como un comportamiento auto-estimulador inadaptado, el personal lo utilizó como un reforzador...

La Oficial de Revisión del Estado (SRO, por sus siglas en inglés) concluyó que, contrariamente a los principios de las “mejores prácticas” establecidos por el CCSD, éste no logró establecer que las intervenciones al comportamiento del Estudiante fueron implementadas de una manera consistente, donde todos los miembros adultos del equipo sabían lo que se esperaba de ellos con respecto a los requisitos específicos del Estudiante en cuanto a las conductas inadaptadas...

... Si bien el CCSD demostró que el Programa KIDS tal como se conceptualizó podría haber satisfecho las necesidades del Estudiante sin una mayor especificidad en el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), el CCSD no pudo probar que, en el aula de clase KIDS a la que se asignó el Estudiante,  se siguieran los principios en los que se basó el Programa KIDS y no pudo demostrar que, tal como se implementó,  el programa lograra abordar las necesidades únicas del comportamiento del estudiante. Además, el CCSD no pudo demostrar que, con respecto a sus conductas inadaptadas específicas, el Estudiante hubiese logrado un progreso significativo... (Énfasis añadido.)

El programa KIDS dependía de la consistencia y la buena comunicación entre los miembros del personal que trabajaban con el Estudiante. No se estableció que esto ocurriese. Si se hubiese seguido el Código Administrativo de Nevada (NAC, por sus siglas en inglés), como mínimo, hubiese habido un acuerdo en el equipo acerca de qué métodos usar de manera consistente con el Estudiante para abordar estas conductas inadaptadas y aumentar las adaptadas. La SRO concluye así que el incumplimiento de los requisitos del NAC 388.284 resultó en una pérdida de oportunidad educacional para el Estudiante...

La evidencia establece que, para septiembre de 2003, el Estudiante aún exhibía los comportamientos inadaptados específicos. Por lo tanto, la SRO concluyó que al Estudiante se le negó la Apropiada Educación Pública Gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés) en cuanto a sus problemas de comportamiento durante todo el año escolar 2002/2003.

Las conductas inadaptadas como las del Preescolar a principios de la década de 2000, siguen siendo comunes en las aulas de educación especial en la educación pública, lo que dificulta la instrucción no solo para estos estudiantes “excitables”, sino también para los demás niños en estas aulas cerradas cuyos problemas pueden no ser tan graves.

Así como la entonces senadora del estado de Nevada, Becky Harris, le dijo a Mark Keierleber, reportero del sitio web The74million, en 2017,

A menudo escucho a los maestros decir que los niños tiran cosas a otros niños, que a veces los niños hacen rabietas y se tiran al piso, contra un escritorio o una silla, y se hacen marcas, y no hay forma de documentar lo que ha sucedido.

Es cierto que los maestros de educación especial, en las aulas cerradas de las escuelas públicas de Nevada, operan en condiciones extremadamente difíciles. Desafortunadamente, aunque casi siempre son genuinamente cariñosos y motivados, ellos, como sus cargos, son frecuentemente víctimas del secreto impuesto por el CCSD y otros distritos.

Que haya cámaras grabando en las aulas, con seguridad alertaría a los padres sobre las realidades que a menudo se les presentan como la mejor solución “educacional” disponible para las necesidades especiales de sus hijos.

Los distritos escolares podrían beneficiarse de su capacidad, ahora mejorada, para identificar áreas de necesidad y desarrollar planes correctivos y de capacitación.

Los maestros de educación especial con un nivel de maestría, por ejemplo, podrían capacitar de manera más efectiva a los nuevos participantes en la profesión. También podrían garantizar que los miembros del equipo del IEP de un niño estén realmente siguiendo el plan del IEP acordado por el equipo que, en la práctica, con frecuencia se ignora.

Con el tiempo, las cámaras también podrían generar una comprensión pública mucho más amplia de esa brecha educativa extremadamente grave identificada por la Oficial de Revisión Estatal Eckrem: la diferencia entre la educación que los distritos prometen a las familias con niños autistas y lo que realmente se proporciona.

La sobrecarga sensorial

En los años transcurridos desde que se redactó la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), inicialmente conocida como Ley de Educación para Todos los Niños Discapacitados (EHA, por sus siglas en inglés), a principios de los años 70, la neurociencia ha tenido avances en el conocimiento sobre el cerebro humano que han sido relevantes para la comprensión del fenómeno del autismo.

Y dentro de ese conocimiento hay muchas ideas que sugieren que las respuestas convencionales proporcionadas por los distritos escolares, bajo el régimen de IDEA del estado federal, son claramente subóptimas, así como también de poca inversión y de costosos resultados.

Un ejemplo: mientras que los signos y síntomas de autismo pueden comenzar a aparecer tan pronto como a los seis meses, los síntomas generalmente se presentan claramente a los 18 meses. Incluso entonces, la notable plasticidad temprana del cerebro infantil puede permitir, en muchos casos, un tratamiento intensivo para volver a cablear el cerebro y revertir los síntomas.

En 2009, la revista Pediatrics informó sobre un estudio controlado aleatorio de niños autistas de 18 a 30 meses de edad que, de hecho, logró esto. La intervención temprana, con actividades divertidas orientadas a los niños, mejoró dramáticamente tanto el IQ como el funcionamiento social.

Apuntes del psiquiatra Perry:

Los resultados fueron tan sólidos que siete de los 24 niños que recibieron la intervención (conocido como el Modelo Early Start Denver) no recibieron un diagnóstico de autismo cuando fueron evaluados por psicólogos que no sabían si habían recibido tratamiento o no, en comparación con solo uno de 21 niños en el grupo de control.

Por lo tanto, no sería un argumento extravagante sugerir que muchos de los “derrumbes emocionales” del espectro autista que ocurren en las aulas cerradas de las escuelas públicas, pueden ser vistos como síntomas de la ausencia del tipo de intervenciones de transformación temprana que podría haber sacado a estos niños de su intensa naturaleza.

Bajo la ley IDEA, por supuesto, tales servicios no están disponibles hasta los tres años, si acaso.

En consecuencia, la mayoría de los jóvenes autistas están bajo constantes factores fisiológicos estresantes, según algunas de las investigaciones recientes más importantes. Viviendo dentro del "mundo intenso" único que ellos crean, los derrumbes emocionales y las acciones agresivas pueden convertirse en su "vía" de comunicación de menor resistencia.

Este es particularmente el caso cuando se encuentran confinados dentro de las aulas controladas por adultos que no comprenden y que no están entrenados, como con frecuencia lo demuestran las demandas.

‘Derrumbes emocionales’ y restricción física

Mucho se desconoce acerca de las causas y la fenomenología del autismo que producen las situaciones de emergencia conocidas como “derrumbes emocionales”.

Alguien que se siente completamente abrumado por su situación actual y pierde temporalmente el control del comportamiento. Si bien esta pérdida de control se puede expresar verbalmente, gritando o llorando, también puede volverse física y expresarse pateando, golpeando o mordiendo.

En tales circunstancias, pueden surgir situaciones de emergencia que, de hecho, requieren que incluso los maestros más compasivos restrinjan físicamente a los niños.

Dada la ley de intervención aversiva y el régimen regulatorio de Nevada, estos hechos necesariamente provocan un cierto nivel de temor entre los maestros.

Según la ley, tanto ellos como sus supervisores locales deben llenar sin demora reportes multi-parte sobre los incidentes y enviarlos a sus superiores tanto a nivel de distrito como de estado.

Esto presenta una ventana de vulnerabilidad para el maestro, especialmente si él o ella ha sido más un defensor de los niños que un “jugador del equipo” para los administradores conscientes del presupuesto.

Ahora, si su administrador “olvida” marcar la casilla que dice que la restricción era “permisible”, puede encontrarse fácilmente en el camino hacia el desempleo.

Como dijo al Nevada Journal un profesional experimentado y admirado que se enfrentó a esa situación: “¡Nunca más volveré a trabajar en un aula sin cámaras!”

Es por esto que los maestros de educación especial profesionales y responsables podrían estar más inclinados a dar la bienvenida a las cámaras en sus aulas: “Revisar el video” les brindaría soporte si se les acusa de mala conducta con los estudiantes.

Por otra parte, la hostilidad generalizada a aceptar la idea de las cámaras que existe en las aulas de educación especial de Nevada, sin duda, generará dudas sobre lo que realmente está sucediendo allí.

En la Parte Ocho, el Nevada Journal identifica un problema más amplio detrás de la Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades y muestra la solución que otros estados han encontrado.

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